Columna de opinión por Norma Cecilia Acosta Manzanares.

Víctor Hugo Quero Navas es una noticia que ha sido tan lamentable como muchas otras aquí en Venezuela, pero ver la cara de una madre, Carmen Teresa Navas, siendo yo también mujer, me destroza el alma.

Siento una impotencia absoluta ante tanta injusticia; ese rostro de una mujer de 81 años cargando una pancarta exigiendo «Fe de Vida» es el retrato de la crueldad. Y la rabia crece todavía más cuando nos enteramos de que, tras 16 meses de búsqueda incansable donde siempre le dijeron «no está», ahora le entregan un cuerpo y pretenden exhumar bajo la supervisión del mismo CICPC.

Díganme ustedes, ¿cómo podemos nosotros confiar en los resultados si el que investiga es el mismo que tiene que ser investigado? Es como pedirle al culpable que redacte su propia sentencia; el resultado lo sabemos antes de empezar.

No se trata de una percepción. El Protocolo de Minnesota (nombre oficial: Manual de las Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias), exige en su artículo 12 que los peritos sean «independientes del Estado y de las partes involucradas». En Venezuela, esa condición no se cumple.

El CICPC, que forma parte del aparato de seguridad bajo sospecha, no puede custodiar la escena ni levantar los restos. Es un insulto a la memoria de Víctor, quien fue detenido arbitrariamente por el DGCIM en enero de 2025 por cargos absurdos de «terrorismo» y «traición a la patria», para terminar muerto en una celda sin atención médica.

Pero el problema no es solo institucional: es personal. Los nombres que hoy dirigen este proceso tienen un historial que los inhabilita éticamente. Larry Daniel Devoe Márquez, el Fiscal General, ha sido señalado en el informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU (septiembre de 2023, párrafo 287) como parte de una estructura que «obstaculiza sistemáticamente el acceso a la justicia».

No es un secreto: la ONU documentó cómo su entorno archivó denuncias de tortura sin investigar. Humberto Ramírez, quien manda en las morgues (SENAMECF), viene de ser comisario del CICPC y aparece vinculado en informes de PROVEA (2022) como miembro de la cadena de mando que operó en ejecuciones extrajudiciales. Son los mismos candados cerrando la misma puerta de la impunidad.

¿Qué buscan entonces en ese cementerio? No la verdad. Buscan fabricar una narrativa que diga «muerte natural» para tapar los 16 meses de desaparición forzada. Pero hay un detalle que no pueden controlar: el tiempo. Tras más de un año de ocultamiento, sin cadena de custodia documentada por observadores externos, cualquier evidencia ya está contaminada. La exhumación no es un acto de transparencia, es un trámite para enterrar la verdad definitivamente.

Y por favor, no caigamos en el consuelo barato de las redes sociales. No, Estados Unidos no va a venir a salvarnos. Washington tiene sus propios intereses petroleros y migratorios; si alguien de afuera tuviera el control real, no permitiría que los mismos señalados por la ONU pueden manipular hoy los restos de Víctor. No hay plan mágico.

Hay un sistema que se siente tan impune que exhuman cadáveres para mentir sobre ellos mientras ignora las medidas cautelares de la CIDH.

Por eso exijo lo mínimo: peritos internacionales independientes que den fe de cada hueso y cada acta.

Porque la ley y la decencia exigen que cuando el Estado es sospechoso, no puede ser también juez, fiscal y sepulturero. Me niego a quedarme callada, porque el silencio de hoy es la sentencia de mañana para cualquier otro venezolano.

Cuando el Estado usa el bisturí para degollar la evidencia, la tumba deja de ser un descanso para convertirse en el búnker de sus crímenes; no están exhumando un cuerpo, están desenterrando su propia podredumbre para ver si nuestro miedo todavía les sirve de abono.