Por Santos Miguel González

Columna de opinión mordaz

La gobernadora Jenniffer González Colón, cuando era candidata, caminó la seca y la meca, repartió besos y abrazos, corrió motora, se montó en jet ski y visitó cuanto rincón pudo para ganarse la simpatía del público y de la juventud.

Pero gobernar es una cosa y hacer campaña es otra.

Ahora firma una ley que, según sus defensores, busca evitar impugnaciones frívolas y dar certeza a los proyectos de desarrollo económico. Sin embargo, sus críticos sostienen que la medida dificulta enormemente que ciudadanos comunes, comunidades y grupos ambientales puedan cuestionar proyectos que entienden afectan sus intereses.

La ley establece que cuando una persona o entidad solicita la paralización de un proyecto mediante ciertos recursos legales, deberá prestar una fianza que no podrá ser menor al diez por ciento del valor del proyecto.

Y aquí comienza la controversia.

Si un proyecto vale cien millones de dólares, la fianza mínima sería de diez millones. Para un ciudadano común esa cantidad está tan lejos de su realidad como la luna de su balcón. Para una comunidad pequeña, una organización vecinal o un grupo ambiental, la cifra resulta prácticamente imposible de alcanzar.

Por eso diversas organizaciones, municipios y grupos comunitarios han señalado que la ley podría convertirse en una barrera para el acceso a los tribunales.

La gobernadora y quienes respaldan la medida argumentan que es necesario evitar recursos dilatorios que atrasen inversiones y proyectos de desarrollo. Sus detractores responden que la función de determinar qué reclamos tienen mérito corresponde a los tribunales y no a barreras económicas que, en la práctica, excluyen a gran parte de la población.

La situación parece una parodia política moderna. Durante las elecciones todos son pueblo. Después de las elecciones aparecen los requisitos, las fianzas, los reglamentos y las condiciones.

Al final, para muchos ciudadanos solo queda el chiji-chija de cada campaña electoral: promesas, anuncios, caravanas, abrazos y fotografías. Luego llegan las leyes, los intereses económicos y las realidades del poder.

Y el ciudadano común observa desde la distancia, preguntándose si la justicia sigue siendo para todos o si algunas puertas tienen un precio de entrada que solo pueden pagar los pudientes, los ricos, los millonarios y los billonarios.

Porque cuando el costo de reclamar un derecho supera por mucho las posibilidades de la mayoría, la protesta no desaparece: simplemente se vuelve muda.

«Que Coraje da seguir escribiendo y escribiendo, investigando y buscando, aunque muchos prefieran el silencio.»